Liderazgo Empresarial Sostenible en la Crisis Climática

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La madrugada del 7 de abril de 2025, un ataque armado estremeció a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando un grupo de hombres fuertemente armados irrumpió en el centro de rehabilitación Shaddai, ubicado en la colonia Colinas de San Miguel. El saldo fue devastador: nueve personas asesinadas y al menos cinco heridas, en un acto de violencia vinculado a la feroz disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa, conocidas como “Los Chapitos” y “Los Mayos”.
Según reportes oficiales, el atentado ocurrió alrededor de la 1:47 a.m. Los agresores ingresaron al centro de rehabilitación preguntando a los internos si pertenecían a alguna organización delictiva, para luego abrir fuego sin piedad. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el crimen fue parte de una ofensiva de “Los Chapitos” contra integrantes o supuestos colaboradores de “Los Mayos”.
Además de la masacre, se reportó la desaparición forzada de Guillermo Rodríguez Gaxiola, presidente de la Unión de Redes de Centros de Rehabilitación en Sinaloa y dueño de la clínica atacada. Horas después, su cuerpo sin vida fue hallado con signos de violencia en la colonia La Costerita de Culiacán, elevando aún más la alarma social.
La violencia entre “Los Chapitos”, liderados por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y “Los Mayos”, bajo el mando de Ismael “El Mayo” Zambada, ha escalado a niveles alarmantes desde mediados de 2024. La captura de Zambada exacerbó el conflicto interno, desatando una ola de homicidios, desapariciones y ataques armados. En siete meses, se han registrado más de 800 muertos y 950 desaparecidos en todo el estado.
El gobierno federal ha reforzado la presencia militar en la región, con un despliegue de más de 2,200 efectivos, pero los enfrentamientos continúan.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció que solo 102 de los 256 centros de rehabilitación en el estado están debidamente regulados. La falta de supervisión ha convertido a estos espacios en objetivos fáciles para el crimen organizado, ya sea para reclutar jóvenes, esconder rivales o realizar venganzas.
La tragedia del centro Shaddai evidencia la necesidad urgente de establecer controles más estrictos y garantizar la protección de quienes buscan salir del círculo de las adicciones.
La masacre ha provocado una oleada de indignación entre la población sinaloense y organizaciones de derechos humanos. Exigen justicia para las víctimas, un alto a la impunidad y acciones concretas para frenar la violencia del narcotráfico.
La sociedad mexicana observa con preocupación cómo la guerra interna del crimen organizado invade hasta los espacios de esperanza, como los centros de rehabilitación, y clama por un México donde la paz y la seguridad no sean una excepción, sino la regla.
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