La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado las acusaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que califican las desapariciones en el país como "sistemáticas y generalizadas". Sheinbaum afirmó que en México no existen prácticas de desaparición forzada por parte del Estado, atribuyendo el fenómeno principalmente a la delincuencia organizada.
En respuesta, el gobierno mexicano ha emitido una nota diplomática a la ONU, expresando su inconformidad con el procedimiento del CED. El CED, por su parte, ha activado el Artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, lo que podría llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU.
Además, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, ha enfatizado la importancia de la participación de las familias en la búsqueda de personas desaparecidas. Esto en respuesta a las modificaciones propuestas por Sheinbaum a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que incluyen la creación de una Plataforma Única de Identidad y una Base Nacional de Carpetas de Investigación. Türk subrayó que cualquier iniciativa debe garantizar la inclusión y respeto hacia las familias afectadas.
En medio de esta controversia, Sheinbaum ha anunciado seis acciones inmediatas para combatir el delito de desaparición, entre las que destacan el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, la creación de una Base Nacional Única de Información Forense y la implementación de una alerta de búsqueda inmediata en todas las corporaciones y entidades del país. Sheinbaum aseguró que en su gobierno no habrá impunidad y que siempre estará del lado de las víctimas y de la justicia.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y expertos han expresado preocupación por la postura del gobierno mexicano. Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos, advirtió que la respuesta defensiva del gobierno impide reconocer las fallas sistémicas del Estado mexicano y solicitó cooperación internacional urgente.
La comunidad internacional y organismos de derechos humanos continúan observando de cerca la situación en México, instando al gobierno a adoptar medidas efectivas y a colaborar con las familias de las víctimas para enfrentar la crisis de desapariciones forzadas en el país.
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