Cómo el aumento de la deuda pública y el desempleo juvenil frenan la movilidad socioeconómica post-COVID.
La crisis sanitaria de 2020–2022 y las respuestas posteriores (bloqueos, ampliación de transferencias, estímulos fiscales) tuvieron efectos simultáneos y contradictorios: protegieron a millones de hogares en el corto plazo, pero aumentaron el endeudamiento público y no revirtieron de forma homogénea pérdidas educativas y laborales entre los grupos más vulnerables. Ese conjunto de shocks —pérdida de aprendizaje, choques de renta, transformaciones del mercado laboral y mayor deuda pública— ha reducido de facto la probabilidad de ascenso socioeconómico para cohortes afectadas por la pandemia, salvo intervenciones focalizadas. Datos recientes de instituciones multilaterales confirman que la deuda pública global se mantuvo elevada tras los estímulos, que el empleo juvenil muestra recuperaciones desiguales por región y que la reducción de la pobreza se ha estancado en varios países.
Cómo un shock sanitario se convirtió en freno estructural a la movilidad
La movilidad socioeconómica —la probabilidad de que una persona o familia mejore su posición relativa a la de sus padres— depende de tres “canales” principales: capital humano (educación y salud), oportunidades laborales (empleo de calidad) y capacidad del Estado para mitigar choques (protección social). La pandemia afectó los tres:
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Capital humano: cierres escolares prolongados, enseñanza remota desigual y falta de remedial teaching generaron pérdidas de aprendizaje acumuladas, especialmente entre estudiantes de hogares con menor acceso a conectividad y recursos educativos. Esos déficits reducen probabilidades de completar niveles superiores y limitarán ingresos futuros.
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Mercado laboral: la destrucción de empleos formales y el aumento de la precariedad golpearon con más fuerza a trabajadores de baja cualificación y jóvenes, mientras que la expansión del teletrabajo benefició desproporcionadamente a trabajadores bien educados —incrementando la polarización de trayectorias.
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Capacidad fiscal y endeudamiento: los paquetes de emergencia y estímulos sostuvieron demanda y nivel de vida en el corto plazo, pero elevaron la deuda pública y, en muchos países, limitaron la capacidad de gasto futuro en educación y políticas redistributivas si no se consolidan los ingresos fiscales. Informes del FMI y la OCDE señalan un nivel de deuda pública global históricamente elevado tras la pandemia.
Datos recientes que ilustran el problema (deuda, empleo, pobreza)
Deuda pública: los informes fiscales post-pandemia muestran un aumento sustancial del stock de deuda pública en 2020–2024; el FMI y la OCDE estimaron que la deuda global se mantuvo en niveles elevados (cercanos o superiores a los 100 billones de dólares en términos agregados en 2024) y con presiones crecientes por el servicio de la deuda y mayores tasas de interés. Esa realidad limita maniobra fiscal para invertir en programas pro-movilidad sin medidas de financiación sostenibles.
Desempleo juvenil y empleo: aunque la cifra global de jóvenes desempleados ha mostrado señales de recuperación —con datos de la OIT que indican una caída en el número absoluto de jóvenes desempleados respecto a 2019 en el agregado mundial— la recuperación es heterogénea: en varias regiones (África del Norte, partes de Asia y América Latina) la tasa de desempleo juvenil y la calidad del empleo (informalidad, temporalidad) siguen por debajo de la situación pre-pandemia. Esta heterogeneidad erosiona la movilidad en las regiones más afectadas.
Pobreza y desigualdad: la reducción de la pobreza extrema se desaceleró tras el shock inicial; el Banco Mundial documenta que cientos de millones retrocedieron temporalmente bajo la línea de pobreza extrema y que el ritmo de reducción de pobreza global ha frenado ante crecimiento bajo, inflación y crisis regionales —lo que incrementa la probabilidad de “trampas” intergeneracionales de pobreza. Al mismo tiempo, medidas fiscales expansivas no alcanzaron con la misma intensidad a todos los vulnerables, lo que aumentó la desigualdad relativa en algunas economías.
¿Por qué las medidas fiscales de emergencia, que protegieron, terminaron perjudicando la movilidad?
A primera vista, los paquetes de estímulo y transferencias de emergencia fueron necesarios y eficaces para evitar una catástrofe social inmediata. El problema es el efecto dinámico:
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Protección inmediata vs. inversión a largo plazo: transferencias temporales amortiguaron ingresos, pero no sustituyeron programas de educación remedial o inversión en empleo juvenil. La protección sin inversión en capital humano deja cohortes con menor capital formativo.
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Endeudamiento y ajuste fiscal futuro: el mayor nivel de deuda empuja a gobiernos hacia consolidaciones o reorientaciones de gasto que pueden recortar inversión pública en educación y políticas activas de mercado laboral si no se diseñan vías de financiamiento progresivas. El riesgo es una doble penalización: se gastó para pasar la crisis y luego se reduce inversión productiva que favorece movilidad.
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Política mal focalizada: en varios países los estímulos beneficiaron más a sectores formales y consumidores con acceso a crédito, mientras que los informales y pobres —que necesitan inversión en educación, salud y servicios— recibieron apoyo insuficiente, perpetuando desigualdades preexistentes.
Causas estructurales que amplificaron el impacto
Varias condiciones preexistentes convirtieron el shock en una amenaza persistente a la movilidad:
- Precariedad laboral y alta informalidad: mercados laborales con gran peso informal ofrecen poca protección y elevan el riesgo de salidas permanentes del empleo formal tras un choque.
- Sistemas educativos desiguales: desigualdades de acceso a infraestructura digital y educación de calidad explican por qué pérdidas de aprendizaje se concentraron en los más pobres.
- Redes de protección social débiles: países con cobertura limitada no pudieron compensar la caída de ingresos de forma sostenida.
- Vulnerabilidad fiscal previa: economías con márgenes fiscales reducidos enfrentaron dilemas entre gasto sanitario, estímulo y mantener inversión pública a largo plazo.
Estas causas estructurales requieren reformas sistémicas, no solo medidas temporales. (Síntesis basada en informes de OCDE, Banco Mundial y FMI)
Qué evidencia apunta a soluciones efectivas (política pública)
La literatura y las agencias multilaterales convergen en una agenda práctica y prioritaria:
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Recuperación educativa focalizada: programas de tutoría intensiva, intervención temprana y extensión de los años escolares para cohorts rezagadas; diagnósticos nacionales para dirigir recursos.
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Protección social inteligente: transferencias condicionadas o universales temporales combinadas con servicios (guarderías, nutrición) para evitar abandono escolar y mantener capital humano.
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Políticas activas de empleo juvenil: subsidios a la contratación, programas de pasantías y formación técnica vinculada a sectores con demanda —esto reduce la rotación hacia empleos de baja calidad.
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Estrategias fiscales sostenibles: mejorar la eficiencia del gasto, ampliar la base tributaria progresiva y priorizar inversiones con retorno social (educación, infraestructuras que faciliten empleo). Evitar consolidaciones que recorten inversión social esencial.
Indicadores a monitorear (para decidir)
- Elasticidad intergeneracional de ingresos (monitorizar cada 5–10 años).
- Brechas de aprendizaje por quintil y tasas de recuperación tras programas remediales.
- Tasa de empleo juvenil, empleo de calidad e informalidad.
- Deuda pública neta y servicio de la deuda como porcentaje del gasto social.
Cómo la COVID-19 Redefinió la Movilidad Socioeconómica, la Desigualdad y las Decisiones de Política Pública
La pandemia no sólo provocó una crisis temporal: dejó heridas en el capital humano, reorganizó mercados laborales y elevó la carga de deuda pública. Si los gobiernos tratan la etapa de postpandemia solamente con políticas de austeridad o estímulos mal focalizados, la movilidad socioeconómica de una generación entera puede verse comprometida. La evidencia empírica y los informes oficiales recomiendan: recuperación educativa intensiva, protección social bien focalizada, políticas activas de empleo juvenil y reformas fiscales que prioricen inversión social de retorno elevado. Estas acciones —bien diseñadas y financiadas— son la vía más fiable para revertir la pérdida de oportunidades de ascenso social causada por la COVID-19.
Fuentes y metodología
Este artículo se elaboró a partir de una combinación rigurosa de fuentes primarias y secundarias de carácter económico y social: bases de datos estadísticas oficiales de alcance nacional e internacional; informes macroeconómicos y fiscales periódicos; registros administrativos y series históricas sobre empleo, ingresos y deuda pública; estudios técnicos y documentos de trabajo; así como investigaciones académicas revisadas por pares y análisis comparativos de políticas públicas.
Se realizaron consultas sistemáticas a repositorios estadísticos para verificar tendencias en pobreza, desigualdad, empleo juvenil y endeudamiento. Asimismo, se revisaron informes de coyuntura y evaluaciones postcrisis para contextualizar el impacto de las medidas fiscales de emergencia y su efecto sobre la movilidad socioeconómica. Los datos cuantitativos fueron contrastados con literatura especializada para interpretar relaciones causales y efectos de largo plazo.
Todas las cifras, series temporales y conclusiones analíticas fueron cotejadas entre múltiples fuentes independientes con el fin de garantizar consistencia, precisión y fiabilidad, priorizando evidencia empírica, metodologías transparentes y consensos técnicos ampliamente aceptados.
Fede Lukashenko es editor de Cinco Frentes y analista especializado en política, economía y cultura contemporánea. Con un enfoque crítico y histórico, su trabajo explora las interacciones entre poder, economía y sociedad desde una perspectiva global y de largo plazo.
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