La situación de la prensa en América Latina es crítica. Organismos internacionales documentan que en 2025 la región volvió a ser “la más peligrosa del mundo” para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra. Reporteros Sin Fronteras (RSF) registró al menos 17 periodistas asesinados en la región ese año; México concentró la mayoría de los casos, con 9 homicidios –el peor saldo en tres años. La UNESCO advierte que globalmente la libertad de expresión retrocedió un 10% entre 2012 y 2024, con un aumento de la autocensura del 63%. En este clima, los tres países objeto de este informe exhiben un patrón de violencia, hostigamiento judicial y censura encubierta que erosiona el derecho ciudadano a la información.
18 de enero 2026 • Tiempo de lectura: 8 minutos
México: entre el terror del crimen organizado y el acoso legal
En México la prensa opera bajo constante amenaza. Desde el año 2000, al menos 176 periodistas han sido asesinados por su labor informativa, según Article 19. Este fenómeno no es ajeno a la administración actual: 9 de esas muertes ocurrieron durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum (inició en diciembre de 2024). RSF subraya que México sigue “entre los países más peligrosos del mundo” para ejercer el periodismo, y su balance de 2025 confirma que es el país sin guerra con más periodistas asesinados a nivel global. La mayoría de estos crímenes están vinculados a coberturas de crimen organizado o corrupción local: reporteros que investigan narcotráfico o violencia sufren advertencias, secuestros y, en demasiados casos, el homicidio.
Aunado al derramamiento de sangre, se registra un alarmante aumento del acoso judicial y la estigmatización de los comunicadores. Entre enero y julio de 2025 se documentaron 51 casos de procesos legales contra periodistas y 12 medios –equivalente a un nuevo proceso jurídico cada cuatro días, según Article 19. El relevo del hostigamiento físico a litigios fríamente planeados es evidente: penalizaciones, denuncias civiles y hasta denuncias electorales enjuician arbitrariamente la labor crítica. En un ejemplo revelador, autoridades han empleado la figura de “Violencia Política contra las Mujeres” para sancionar contenidos incómodos, eliminando publicaciones críticas bajo la excusa de proteger la dignidad femenina. Este uso faccioso de la ley envía un claro mensaje de intimidación.
La impunidad agrava la crisis: el Comité para la Protección de Periodistas subraya que México es el país más peligroso del hemisferio occidental para la prensa. Desde 2000 se contabilizan al menos 141 asesinatos de comunicadores, 61 directamente relacionados con su trabajo. Además, se calcula que casi la mitad de los ataques denunciados contra periodistas en México fueron perpetrados por funcionarios públicos, lo que indica una connivencia tácita o activa de autoridades con la violencia. Paralelamente, los reporteros enfrentan amenazas, hostigamiento y abusos físicos por parte de policías o agentes estatales. En este entorno, la autocensura crece: muchos periodistas deciden no publicar investigaciones sensibles por miedo a represalias. Tal y como denuncia la UNESCO, el periodismo libre es condición indispensable para una paz duradera, y la protección de los medios debería ser “una prioridad” de los Estados. En México queda mucho por hacer: las promesas de reforma de Sheinbaum aún no se cumplen, y los comunicadores siguen expuestos al terror.
Nicaragua: persecución política y exilio forzado
Desde la escalada de protestas antigubernamentales en abril de 2018, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha convertido a la prensa independiente en blanco de una feroz represión. “Ortega y Murillo iniciaron una ofensiva contra los medios independientes”, que incluyó redadas, detenciones arbitrarias y el cierre de decenas de medios críticos. El régimen los tilda de “traidores a la patria” o “mercenarios” y aplica leyes contradictorias: ha encarcelado a periodistas bajo cargos ambiguos, como “conspiración” o “difusión de noticias falsas”. Según HRW, los comunicadores son objeto de amenazas de muerte, agresiones físicas y persecución penal, incluso la expulsión del país o la privación de nacionalidad.
El resultado es un éxodo masivo. El CPJ estima que 268 periodistas nicaragüenses han huido al exilio –sobre todo a Costa Rica– para escapar “de un sistema de represión política y acoso judicial” gubernamental. La CIDH documenta 263 trabajadores de prensa exiliados desde 2018. Aquel éxodo ha desmantelado la red de medios independientes: más de 58 medios fueron clausurados por ley o decreto desde 2018, y las fuentes informativas dejan de existir ante el temor a cualquier contacto. Muchas familias viven en silencio por miedo a represalias, y los periodistas que quedan se protegen en el anonimato. “El periodismo nicaragüense vive entre la apatridia, la autocensura y la cárcel”, resume el análisis de expertos.
Incluso fuera del país, la persecución continúa de forma encubierta. CPJ documenta campañas de intimidación contra comunicadores en el exilio: oficiales nicaragüenses contactan a periodistas refugiados ofreciéndoles “sacarlos de la lista negra” a cambio de información sobre colegas críticos. El mensaje es claro: persistir en la denuncia puede costar la libertad de la familia. Frente a este escenario, la autocensura crece como coraza: muchos medios exiliados evitan denuncias directas para no arriesgar a seres queridos en Nicaragua. La comunidad internacional ha condenado estas prácticas. En septiembre de 2023, la Asamblea controlada por Ortega reformó el Código Penal para procesar en ausencia a opositores fuera del país, buscando perseguir incluso a los deportados por el Gobierno. Este marco legal y la censura en internet dejan “cerco informativo” total en Nicaragua. Llamados de organismos como la CIDH y la OEA han urgido al régimen a cesar la represión y garantizar el acceso a la información, pero Ortega responde con más clausuras y leyes represivas.
Venezuela: detenciones arbitrarias y censura encubierta
En Venezuela se impone una estrategia de “silencio forzado” contra la prensa independiente. Entre enero y noviembre de 2025, el Colegio Nacional de Periodistas contabilizó al menos 111 incidentes contra comunicadores. En ese periodo fueron detenidos 21 periodistas por el régimen de Nicolás Maduro (casi todos acusados de terrorismo o traición), y se cerraron ocho medios críticos (siete emisoras de radio y un canal de TV) mediante bloqueos y licencias revocadas. El secretario del CNP ha calificado esta campaña represiva en tres frentes (institucional, judicial y profesional) como un plan sistemático para amordazar a la prensa.
La represión se intensificó tras las controvertidas elecciones de julio de 2024. CPJ denuncia que Maduro desató una ofensiva contra los medios que incluyó la detención y encarcelamiento de periodistas. Ejemplos concretos incluyen la aprehensión en febrero de 2025 del reportero Rory Branker (medio digital La Patilla), y en abril de 2025 del equipo de la periodista Nakary Mena Ramos (Impacto Venezuela). Todos estos comunicadores quedaron tras las rejas en el Helicoide, el temido centro de tortura de Caracas. Los cargos contra ellos son infundados y buscan silenciar reportajes incómodos, según CPJ. Asimismo, el 5 de enero de 2026 –día en que asumió la presidencia interina Delcy Rodríguez– fueron detenidos otros 14 periodistas que cubrían el acto oficial, un episodio que CPJ califica de “patrón más amplio de intimidación” para obstaculizar la cobertura independiente.
Recientemente hubo algunas excarcelaciones (el 14 de enero de 2026 se liberó, por ejemplo, a Nakary Mena, Gianni González y otros colegas), pero no es un cambio estructural. Siguen presos al menos 5 periodistas (entre ellos Branker), y las autoridades continúan usando el sistema judicial como mecanismo de censura. El régimen ha recurrido incluso a legislación anti-terrorista y de “traición” para acusar a comunicadores. La constante vigilancia y las amenazas han motivado la autocensura: muchos profesionales evitan investigar al gobierno o la violencia paramilitar por miedo a represalias judiciales. Al igual que en México y Nicaragua, la libertad de prensa en Venezuela retrocede. Como denuncia Espacio Público (ONG local), el Estado emplea el encarcelamiento y la deportación masiva de periodistas para “silenciar el disenso”. La agresión va acompañada de bloqueo a la información: al menos 31 coberturas de calle fueron impedidas en 2025 y la entrada al país para corresponsales extranjeros está restringida.
Silenciar a la Prensa es Silenciar a la Democracia: Llamado Urgente a Defender a los Periodistas en América Latina
Este asedio a la prensa exige respuestas urgentes. Organizaciones internacionales e instancias democráticas deben exigir rendición de cuentas: se necesitan investigaciones serias e independientes de los crímenes contra periodistas y sanciones ejemplares a los responsables. Los gobiernos deben revisar de inmediato las leyes y prácticas represivas: es imprescindible derogar códigos abusivos (como los malversados en México y Nicaragua) y garantizar mecanismos efectivos de protección para los periodistas. La UNESCO insiste en que los Estados deben “proteger e invertir en periodismo para promover sociedades pacíficas”. También la sociedad civil y las audiencias desempeñan un papel clave: apoyar a medios independientes, suscribirse a iniciativas de periodismo libre y ejercer presión ciudadana son actos solidarios con la información veraz.
En resumen, el panorama en México, Nicaragua y Venezuela es alarmante: periodistas perseguidos, medios clausurados y un manto de silencio que priva a la población de su derecho a saber. Para defender la democracia y los derechos humanos es esencial que esta situación cambie. Como afirma la UNESCO, “la libertad de expresión y de información no es una opción, es la condición indispensable para una paz duradera”. Las violencias actuales contra la prensa en estos países socavan esa condición. Urge actuar juntos para frenar la represión mediática y restablecer un entorno donde los periodistas puedan informar sin miedo.
Este artículo se apoya en informes y bases de datos de organizaciones de derechos humanos, observatorios de libertad de prensa, investigaciones periodísticas verificadas, estadísticas oficiales y testimonios directos de periodistas y sus familias. La información fue contrastada mediante triangulación de fuentes y verificada para ofrecer un panorama actualizado hasta enero de 2026, priorizando la exactitud y la integridad informativa.
Fede Lukashenko es editor de Cinco Frentes y analista especializado en política, economía y cultura contemporánea. Con un enfoque crítico y histórico, su trabajo explora las interacciones entre poder, economía y sociedad desde una perspectiva global y de largo plazo.
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